Ley de Inclusión Laboral: el lobby de las fundaciones para impulsar cambios a la normativa

La Ley de Inclusión Laboral, que establece que las empresas y entidades públicas con más de 100 trabajadores deben reservar el 1% de sus puestos laborales para contratar a personas con discapacidad, ya lleva más de tres años en implementación. Y desde algunas entidades que se dedican al fomento de la participación de personas con capacidades especiales han comenzado a presionar para impulsar cambios a la normativa, a raíz de que las autoridades deben evaluar su impacto.

La ley establece que durante el tercer año desde su entrada en vigencia, los ministerios del Trabajo, Desarrollo Social y Hacienda deberán evaluar conjuntamente su implementación y aplicación en el sector público y privado.

"Este informe deberá considerar el impacto de la reserva legal vigente (cuota establecida) y formular una propuesta sobre la mantención o aumento de ella, en caso que los antecedentes así lo justifiquen. Asimismo, deberá evaluar los efectos en las empresas sujetas a esta obligación según tamaño, tipo de actividad productiva y ubicación geográfica", es parte de lo que deberán analizar las autoridades.

A raíz de esto, diversas entidades que se dedican a fomentar la participación laboral de personas con discapacidad han comenzado a entregar sus lineamientos respecto a las modificaciones que creen necesarias a la norma.

Desde la Fundación Descúbreme, por ejemplo, desde hace unas semanas han comenzado a difundir un grupo de propuestas para perfeccionar la normativa, como fortalecer el sistema de fiscalización y sanción de la implementación de la ley en el sector privado; entregar herramientas a los empleadores para que puedan desarrollar procesos de inclusión laboral exitosos y sostenibles; y fortalecer las políticas públicas orientadas a capacitar a personas con discapacidad, incluyendo los procesos de certificación de competencias para el trabajo.

Pero no es lo único: la fundación también propone evaluar un aumento de la cuota establecida en la Ley con el fin de seguir impulsando la participación de las personas con discapacidad en el mundo del trabajo, entre otras materias.

Mejorar la intermediación laboral para una efectiva incorporación de las personas con discapacidad es una de las principales preocupaciones de la Fundación Ronda, una organización sin fines de lucro que se dedica a "romper mitos y paradigmas" sobre las comunidades con barreras de acceso a la sociedad.

"Consideramos que el próximo paso para esta ley no tiene relación con aumentar el porcentaje de cuota, sino más bien que se exijan los procesos de intermediación laboral para estas contrataciones y, de esta forma, aseguremos que las inclusiones laborales que se realicen sean realmente efectivas y perduren en el tiempo, resguardando los derechos de las personas con discapacidad", dijo María José Escudo, directora ejecutiva de Fundación Ronda.

Mayor inclusión de las personas con discapacidad intelectual

El pasado 5 de mayo, la Corporación Apertura para el Mañana (APM) fue invitada a la comisión del Trabajo del Senado, para exponer en torno a la normativa, espacio en el cual plantearon las falencias que presenta la Ley respecto a las personas con discapacidad intelectual.

En su presentación, la directora ejecutiva de la Corporación APM, Débora Gálvez, explicó que las personas con discapacidad intelectual requieren de adaptaciones y apoyos específicos para desarrollar sus trabajos, cuestión que, a su juicio, no está lo suficientemente abordado en la ley. "Esto induce a que muchos empleadores piensen sólo en dispositivos para adaptar los puestos de trabajo a discapacidades físicas", sostuvo Galvéz.

Para la vocera, es clave que se avance en una legislación que efectivamente considere a este grupo de personas. "Nos interesa particularmente que nuestra sociedad sea capaz de generar un modelo de inclusión laboral que responda a las necesidades de las personas con discapacidad intelectual, que son múltiples y muy diversas respecto de las que presentan otros tipos de discapacidad. Considerando que queda pendiente la creación de un Plan Integral en la línea de vida de estas personas", sostuvo.